28 millones de euros sería una facturación más que notable para cualquier empresa. Sin embargo, esta cifra hace referencia al valor de los alimentos recuperados y donados por la cooperativa de consumidores italiana Coop en 2016. 28 millones de euros que equivalen a 7 millones de comidas y 6.000 toneladas de productos.
En la descripción de su misión, la cooperativa incluye un punto en el que se compromete a “trabajar constantemente para reducir el impacto ambiental y el derroche de recursos naturales en los puntos de venta (…), así como en toda la cadena logística y de producción”. En línea con este objetivo, Coop lleva años impulsando el proyecto ‘Meno spreco, piú soliderietá’, o ‘Menos desperdicio, más solidaridad’, con el que lucha contra el desperdicio alimentario.
El proyecto parte de la estrategia de Coop para prevenir y reducir la formación de excedentes alimentarios invendibles a través de un diseño óptimo de la gestión de la cadena logística y la aplicación de promociones sobre el producto que en proceso de maduración.
Sin embargo, la creación de excedentes es casi inevitable en una cadena de gran consumo del tamaño de Coop. Por eso, la cooperativa ha desarrollado, en paralelo, diversas iniciativas, que fomentan la donación de productos tanto por parte de sus propios asociados como de los consumidores. Programas como ‘Bueno Fine’ destinan los alimentos que no han tenido salida comercial a fines solidarios, mientras iniciativas como la ‘Giornata Nazionale Contra lo Spreco’ sirven para llevar programas de concienciación y formación contra el desperdicio alimentario a las escuelas, medios de comunicación y consumidores de todo el país.
Además, de la acción desde sus centros comerciales, en las escuelas y en los comedores sociales, Coop ha sido un actor fundamental en la articulación de un marco reglamentario que fomente el aprovechamiento alimentario en toda la cadena de fabricantes y distribuidores. Así, la cooperativa tuvo una influencia decisiva para la aprobación, en 2003, de la conocida como ‘Ley del Buen Samaritano’, que ponía las bases para que las compañías donaran de forma sistemática los productos no vendibles en un plan nacional para contrarrestar la pobreza. Años después, en 2016, también fue protagonista en la redacción y puesta en marcha de la Ley Gadda, que ha reducido las barreras administrativas a las donaciones, ha ampliado los actores implicados en la lucha contra el desperdicio alimentario y ha ampliado la gama de productos que se pueden donar.